España descentralizada
El inicio del
sistema descentralizado se dio tras la muerte de Franco, y la sucesión en la
Jefatura del Estado del Rey Juan Carlos I, se abrió una etapa política que se
consolidó con el triunfo del referéndum de la Ley para la Reforma Política, de
diciembre de 1976, y la celebración de las elecciones generales de 15 de junio
del año siguiente. Durante la campaña electoral todos los partidos incluyeron
en sus programas la elaboración de una nueva Constitución y el establecimiento
de autonomía para las regiones. En el principio de este planteamiento se quería
ofrecer una salida autonómica a los nacionalismos vasco y catalán, incluyendo
también a Galicia, la cual era la menos definida. Desde un principio se pudo
apreciar que la autonomía contaba con un sorprendente apoyo social.
Entre 1979 y
1983 se aprobaron los 17 Estatutos de Autonomía que crearon las respectivas
Comunidades Autónomas. El proceso autonómico se inició inmediatamente después
de la promulgación de la Constitución, con la aprobación de los Estatutos vasco
y catalán en 1979, y el proceso de traspasos de competencia
s a las Comunidades Autónomas
de la denominada “vía rápida” (artículo 151 de la CE).
El proceso de
descentralización español, el cual era muy complejo, ha supuesto una transformación
de la organización territorial. Ahora bien, este proceso puede comprenderse situándolo
en un contexto más general, caracterizado por tres procesos distintos:
democratización, descentralización e integración europea.
El primer proceso, el de
democratización, implicó cambios en la sociedad y un aumento de las demandas
sociales que motivaron la rápida expansión del sector público, obligando a su
racionalización y modernización, permitiendo el desarrollo constante del Estado
de Bienestar.
El segundo proceso se refiere a
la descentralización política del Estado de las autonomías, que cuando había empezado
a desarrollarse, se superpuso con la necesaria adaptación del Estado a las condiciones
de la integración europea. Puede decirse, por tanto, que ambos procesos se
produjeron casi simultáneamente, transformando el viejo Estado centralizado en
uno nuevo que se expresa en diferentes escalas que se relacionan entre sí bajo
formas complejas y cambiantes.
El tercer proceso, la integración
europea, ha supuesto una transformación profunda del Estado, que ha afectado
incluso a la moneda. Toda la política económica, en particular la monetaria, se
encuentra condicionada por las decisiones que se toman colectivamente entre los
socios de la Unión Europea. Además, numerosos procedimientos administrativos y
reglas internas de funcionamiento han debido adaptarse a las necesidades.
A día de hoy, España es el país
de la OCDE donde el Gobierno central se lleva el menor porcentaje de los
ingresos fiscales en relación con las regiones, los municipios y la Seguridad
Social, según un informe publicado hoy con los últimos datos disponibles, los
de 2011.
España es el segundo país del mundo con más autoridad política en manos
de sus gobiernos regionales. Solo se sitúa por delante de nuestro país la República
Federal de Alemania.
El Gobierno central en España se
quedó ese año con el 29,9 % de los fondos públicos y Las autonomías españolas, por su parte,
percibieron ese ejercicio un 23,1 % de la recaudación fiscal
La OCDE no
clasificó España entre los países federales sino en una categoría particular
denominada "país regional" por su "estructura política altamente
descentralizada".
Https://elpais.com/economia/2013/12/17/agencias/1387274857_814771.html
Teresa López - Melendo
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